Por Aníbal Colon de La Vega

Son muchas las personas que nos preguntan sobre la actitud de la Iglesia durante los turbulentos años que rodearon al cambio de soberanía en Puerto Rico. Aunque todavía se requiere un gran esfuerzo de investigación objetiva, estamos en condición de adelantar algunos datos importantes al respecto. En esta ocasión sólo hablaremos de la reacción de la jerarquía católica ante la nueva situación política.

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Los prelados católicos habían comenzado a contrarrestar los efectos de la Guerra Hispanoamericana desde antes del cambio de soberanía. Monseñor John Ireland, arzobispo de St. Paul, trató, en nombre de León XIII, de persuadir al gobierno norteamericano para que no le declarara la guerra a España. Monseñor Ireland pudo experimentar en esa ocasión el profundo anticatolicismo de un gran sector de la población estadounidense. Él logró que España prometiera un armisticio en las colonias, pero como esta promesa no incluía la independencia, la guerra fue inevitable.

La prensa americana criticó duramente a los católicos, acusándolos de traición. El arzobispo John Ireland, aunque mostraba su simpatía por España en su correspondencia privada, exhortó a los católicos norteamericanos a aceptar el mandato de la autoridad suprema de la nación. Los arzobispos de Estados Unidos proclamaron la lealtad católica a la patria y a la bandera norteamericanas. Sin embargo, la posición católica cambió al percatarse del curso de los acontecimientos. Lo que había sido presentado como una empresa humanitaria para liberar a las colonias oprimidas, se convirtió en una conquista imperialista. Los católicos mostraron seria preocupación, ya que en julio de 1898 se anunció la existencia de una edición en español de la Biblia protestante que iba a ser distribuida a las masas de los nuevos territorios. También llegaban noticias sobre la conducta impropia de los militares americanos para con los sacerdotes, religiosos y templos católicos. Una de las fotos presentaba tres soldados manejando una estación de telégrafo que habían colocado sobre el altar de una iglesia católica. Los alambres del telégrafo estaban adheridos al altar y el crucifijo servía de antena. Esto es un ejemplo de la actividad anticatólica de las autoridades americanas en los territorios conquistados, actividad que recibió el nombre de “mckinleyism”, en referencia al presidente McKinley. Finalmente, el arzobispo Ireland logró colocar un católico en la Comisión de Paz, modificar la nueva ley del matrimonio y recomendar algunas personas para los oficios públicos y para las plazas de maestro.

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¿Cuál fue la iniciativa de la jerarquía católica a nivel local? Durante los meses que precedieron y siguieron inmediatamente a la Guerra Hispanoamericana, la diócesis de Puerto Rico era sede vacante. La Reina Regente, María Cristina, había nombrado a don Francisco Valdés y Noriega, de las islas Filipinas, para ocupar la sede, pero éste renunció. La voz oficial de la Iglesia para la crítica coyuntura de 1898 fue el Vicario Capitular, don Juan Perpiñá.  Él exhortó a los sacerdotes a que permanecieran en sus lugares, ya que la Iglesia estaba por encima de todas las luchas políticas, reinos, repúblicas, nacionalidades y razas; ella había sido fundada para recibir a todas las personas y conducirlas a Cristo.

El 8 de septiembre de 1899, el Vicario Capitular escribe una carta pastoral sobre la responsabilidad del Estado en la edificación religiosa y moral del pueblo, independientemente de la separación entre la autoridad civil y religiosa.  El régimen anterior ayudaba económicamente a la Iglesia, lo cual hacía que los fieles miraran a los sacerdotes como empleados del gobierno y creciera la indiferencia. No obstante, el deterioro de la Iglesia podía repercutir negativamente en la sociedad puertorriqueña del siglo XX.  La petición de don Juan Perpiñá fue el comienzo de una larga polémica legal en torno a la personalidad jurídica de la Iglesia y su derecho a conservar las propiedades reconocidas por el antiguo régimen.  Algunas comunidades religiosas se vieron obligadas a entregar los edificios en los cuales impartían la enseñanza.  

Las autoridades norteamericanas, amparadas en la interpretación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, negaron la ayuda económica a los sacerdotes.  Peor aún, las autoridades locales comenzaron a reclamar las propiedades de la Iglesia: cementerios, hospitales, templos y casas parroquiales.  Aunque este asunto es sumamente interesante, no cae bajo nuestro propósito el tratarlo minuciosamente.  Lo más importante que se puede deducir de los pleitos planteados ante los tribunales, es que la identidad jurídica de la Iglesia ganó una de las batallas más significativas en la primera década del presente siglo.  Por aquellos tiempos, la Iglesia demostró que su situación legal no es la misma que define a la Iglesia católica de los Estados Unidos ni depende de una iniciativa de la Legislatura de Puerto Rico.  La personalidad jurídica de la Iglesia fue reconocida por el Tratado de París, y sancionada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, tomando como base los postulados del derecho internacional.

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Sin embargo, la Iglesia parecía estar sola en su lucha religiosa.  Tenía en contra a un sector de la autoridad civil y de la prensa, a los protestantes, a los librepensadores.  Estos últimos veían la guerra como un paso de revolución progresiva contra el oscurantismo.  Para las denominaciones protestantes, la expansión norteamericana era una empresa religiosa, como lo fue la conquista del Nuevo mundo para los católicos.  Ellas exigían la intervención militar como un acto providencial, y esperaban que una nación predominantemente protestante asumiera el destino señalado por Dios de eliminar los vestigios del dominio eclesiástico, empleando medios militares si fuera necesario.  Esta fue la actitud que caracterizo a los primeros misioneros protestantes que llegaron a Puerto Rico.  La idea era vincular al catolicismo con el oscurantismo, la teocracia y la pobreza, mientras el nuevo régimen se identificaba con el progreso, la libertad y la ilustración.

Es curioso este paralelismo entre la actitud de ambos colonizadores.  Las intenciones económicas y religiosas impulsaron sus proyectos expansionistas. Ahora que el imperio español se encontraba en sus postrimerías, el joven imperio americano estaba en busca de mercados para fortalecer su economía.  De ahí la necesidad de conquistar colonias, no sólo para colocar los productos, sino también la bandera, las instituciones, la cultura y la “luz” de los grupos religiosos.  Detrás del expansionismo americano, se ocultaba un darwinismo social y la teoría del imperio anglosajón cristiano, defendida por el reverendo Josiah Strong en 1895, y sancionada por una presunta inspiración divina del presidente McKinley.

Tal parece que la libertad religiosa proclamada por las fuerzas invasoras iba más allá de los ideales democráticos: era el camino para establecer una determinada cosmovisión.  Las sectas religiosas siguieron los pasos del ejército, a fin de ocupar la Isla en nombre de Jesucristo.  La entrada de las sectas protestantes fue preparada con mucho cuidado, y las autoridades civiles veían en ellas un medio indispensable para educar a los puertorriqueños en el proceso de la americanización. Así lo expresó el comandante del ejército y Comisionado de Instrucción, George G. Groff:

“Puerto Rico está destinado próximamente a convertirse en un estado de la Unión Americana. La clase de Estado que logre ser dependerá en cierta medida del trabajo realizado por los grupos religiosos de los Estados Unidos”.

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Existen muchas evidencias que prueban la alianza entre el régimen invasor y los líderes de los grupos protestantes para establecer una nueva ideología en Puerto Rico.  Este cambio ideológico vincula la regeneración religiosa de Puerto Rico con los patrones de la ciudadanía americana.  De esta manera, la evangelización se convierte en una justificación religiosa de la cosmovisión norteamericana y el rechazo del antiguo marco ideológico católico.  La educación es un medio privilegiado para lograr la transformación de las conciencias en la línea de la americanización.  Por eso los protestantes defendieron la escuela pública y abrazaron con gozo profundo la ciudadanía americana.

Como la Iglesia se oponía a sepultar a los católicos junto a los protestantes, suicidas y excomulgados, los librepensadores alababan el pluralismo de los Estados Unidos y mostraban una adhesión abierta a la nueva nación.  Por eso no nos extraña el hecho de que los funcionarios eclesiásticos hayan preferido el mal menor de dilucidar sus casos en los tribunales de los Estados Unidos.

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Ahora también comprendemos la estrategia vaticana de nombrar clérigos norteamericanos para ocupar la sede episcopal de Puerto Rico.  En efecto, Mons. Placide L. Chapelle, delegado apostólico para Cuba y Puerto Rico, y quien velaba por los intereses religiosos ante el nuevo régimen, recomendó a Mons. James H. Blenk para la diócesis de Puerto Rico.  Cuando Mons. Blenk tomó posesión de la diócesis, el 20 de diciembre de 1899, ésta se encontraba en un estado lastimoso.  Aunque Puerto Rico fue cedido como territorio a los Estados Unidos, Monseñor Blenk trató de lograr una solución beneficiosa para la Iglesia, una solución como la que se había negociado en Cuba y en las islas Filipinas.  El obispo Blenk fue presentado al presidente Roosevelt como un amigo sincero y cooperador del gobierno, fiel a la patria bajo cualquier circunstancia, y que “había contribuido, de una manera sólida y constante, con la meta que todos nos hemos propuesto alcanzar en Puerto Rico”.

Ciertamente, la actitud de Mons. Blenk fue más diplomática que la del Vicario Capitular Perpiñá, pero es cuestionable el identificar los objetivos de la autoridad laica con la misión religiosa del prelado católico.  Aunque Mons. Blenk había trabajado bajo un sistema político en el que existía una separación constitucional entre la Iglesia y el Estado, conocía las desventajas de este para la fe católica.  Si bien es cierto que, desde el punto de vista teórico, los principios que inspiraron la Declaración de la Independencia coinciden con los postulados del cristianismo, también es cierto que la proyección práctica de esos principios sufrió las consecuencias de la ambivalencia.  La sociedad norteamericana está fundada sobre la creencia de que todos los hombres fueron creados iguales, que sus derechos fundamentales no dependen de la ley humana, que el gobierno existe para el bien del hombre, quien le confiere autoridad.  Sin embargo, la interpretación de la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, relativa a la libertad religiosa, ha sido muy perjudicial al derecho de los católicos a recibir una educación que esté en armonía con su conciencia.

El prejuicio contra los católicos en Estados Unidos tiene sus raíces históricas.  Recordemos que la influencia predominante en la formación de la nación americana fue anglosajona y protestante.  El sistema de escuelas públicas creció al amparo de los grupos protestantes y bajo la protección civil.  Los inmigrantes que deseaban conservar su herencia cultural tenían que luchar contra un sistema escolar diseñado para eliminar las características peculiares de cada grupo.  Después de analizar este proceso de asimilación, el investigador siente la tentación de respaldar la conclusión de Arthur Schlesinger: “Considero que el prejuicio contra la Iglesia católica es el prejuicio más grave en la historia del pueblo norteamericano”.

Bibliografía

[Ver escritos del autor en: El Visitante, 7.III.1982; El Reportero, 5.I.1985 y 12.I.1985. Véase versión completa del ensayo en Encuentro, Núm. 4, año 1991; cfr. El cambio de soberanía y la religión, El Mundo, 2.II.1982; Religión y colonialismo, El Nuevo Día, II.1982; Tesis sobre educación y soberanía, El Vocero, 3.VII.1981; El Visitante, 12.VII.1981 La Iglesia y el Estado: 1898; La investigación sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Puerto Rico, Revista Cayey, III-VI.1986; Horizontes, año 31, n. 61, octubre 1987; Relations between Church and State in Puerto Rico, Revista de Derecho Puertorriqueño, Núms. 88 y 89, Año XXIII, VII.1983]